Rios, enumeró las acciones que lleva adelante el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género: prevención y erradicación de las violencias por motivos de género, atención integral a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad, promoción de la igualdad de oportunidades, fortalecimiento de la autonomía económica femenina. Asimismo, destacó su rol en la capacitación mediante la Ley Micaela, la articulación con municipios y el sostenimiento de equipos que brindan asistencia psicológica, social y legal en casos de violencia extrema. "Frente al desmantelamiento nacional, el Consejo Provincial es la última barrera de contención institucional para miles de jujeñas", enfatizó.

Derechos en retroceso

La legisladora señaló que existen retrocesos en derechos conquistados y ataques a agendas históricas como la participación política democrática, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad salarial, la erradicación de las violencias y el reconocimiento de los cuidados.

Sobre el contexto nacional, le legisladora provincial, recordó que en Argentina se registra un femicidio cada 33 horas, según los registros del Observatorio MuMaLá y de La Casa del Encuentro. En esa línea, sostuvo que la gestión de Javier Milei desmanteló en menos de 18 días desde su asunción el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, al degradarlo a subsecretaría mediante el Decreto 86/2023. Recordó que el 6 de junio de 2024 el organismo fue eliminado definitivamente mediante un comunicado que argumentaba la necesidad de achicar el tamaño del Estado y eliminar los organismos politizados.

La diputada explicó que las resoluciones 291 y 292 de 2025 profundizaron ese vaciamiento al dar de baja trece programas, entre ellos Producir, Igualar, Generar, Sembrar Igualdad y las Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios”. A esto se sumó el desfinanciamiento del programa Acompañar —que brindaba apoyo económico y acompañamiento psicológico a mujeres en situación de violencia—, que sufrió una caída del 90% en su ejecución durante 2024 y quedó sin partida específica en el Presupuesto 2025.

También se desarticuló el Plan ENIA, que entre 2018 y 2021 redujo prácticamente a la mitad la tasa de fecundidad adolescente en el segmento de 10 a 19 años, con la no renovación de los contratos de 619 trabajadores y trabajadoras en abril de 2024.

Detalló que el Plan ENIA costaba 17,5 millones de dólares anuales, mientras que el UNFPA estima que la maternidad temprana genera en Argentina costos socioeconómicos por 568 millones de dólares al año. En ese marco, sostuvo que cerrarlo responde a una decisión ideológica y no a una política de ahorro.

En la misma línea, indicó que la Línea 144, que atiende un promedio de 340 comunicaciones diarias por violencia de género, perdió dos tercios de su financiamiento en 2026 y redujo su meta oficial a un tercio de las asistencias que brindaba en 2023. “Que un dispositivo tenga deficiencias justifica reformarlo, no eliminarlo. Cerrar lo que no funciona perfectamente y no dejar nada en su lugar no es gestión: es abandono”, afirmó.

Obligación legal incumplida

La legisladora remarcó que el desmantelamiento no es solo una decisión política sino una violación al derecho vigente. Precisó que la Ley 26.485, sancionada en 2009, obliga al Poder Ejecutivo nacional a contar con un órgano rector en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Asimismo, señaló que el 23 de febrero de 2026 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas emitió sus observaciones finales sobre Argentina y manifestó preocupación por la disolución del Ministerio, la fragmentación institucional resultante y la reducción presupuestaria y operativa de mecanismos clave como el programa Acompañar y la Línea 144.

Sobre esa base, Rios, concluyó que el discurso que promueve el diputado Ballesty en Jujuy pretende convalidar una situación donde el Estado argentino se encuentra en falta legal interna y en incumplimiento de tratados internacionales con rango constitucional.