La sanción fue determinada en el marco de la Ley Provincial N° 3014 de Protección de la Fauna Silvestre y la Ley Nacional N° 22.421, que prohíben la caza, captura y comercialización ilegal de especies protegidas. El cálculo de la multa responde a un valor de 4.400 litros de combustible por cada ejemplar cazado, en función del daño ambiental ocasionado.

En paralelo, el caso ya cuenta con intervención del Ministerio Público de la Acusación y del Juzgado Ambiental, que dispuso una condena de dos años de prisión de ejecución condicional para los responsables, además de medidas complementarias vinculadas a la reparación del daño y la concientización ambiental.

Seguimiento permanente de Ambiente

Desde el Ministerio de Ambiente se realizó un seguimiento permanente del caso, con participación en las instancias judiciales correspondientes, reafirmando su rol como autoridad de aplicación y su compromiso con la protección de la fauna silvestre. En este sentido, el organismo continúa avanzando en el fortalecimiento de su intervención en causas ambientales, incluyendo la posibilidad de constituirse como querellante en delitos que afecten a la biodiversidad.

Finalmente, destacaron que la vicuña es una especie clave de los ecosistemas altoandinos y su protección se encuentra garantizada por un marco legal robusto a nivel provincial, nacional e internacional. La caza furtiva constituye una infracción grave que será sancionada sin excepciones, en defensa del patrimonio natural de todos los jujeños.