La propuesta aspira a poner fin a “91 años de estafa”, según expresó el mandatario, y a restringir de forma estricta el accionar del BCRA en relación con el financiamiento del Estado, redefiniendo su objetivo institucional.

Bajo la perspectiva oficial, la emisión monetaria de la autoridad monetaria para financiar el déficit fiscal del Tesoro a lo largo de la historia reciente argentina es el principal causante de inflaciones que llegaron a superar las tres cifras.

La iniciativa contempla una serie de cambios estructurales en el funcionamiento y las atribuciones de la autoridad monetaria. Entre los puntos centrales del proyecto figuran:

Prohibición total del financiamiento al Tesoro, las provincias y los municipios: El BCRA dejará de poder otorgar adelantos transitorios o cualquier otra asistencia financiera directa o indirecta al Estado, eliminando el mecanismo que habilitaba la emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal. Para esto, el proyecto dispone la supresión del artículo 21 de la actual Carta Orgánica.

Eliminación de la transferencia de utilidades contables y dividendos: El BCRA no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras, ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

Redefinición del objetivo institucional: La entidad tendrá la misión exclusiva de “preservar el valor de la moneda”, dejando de lado las competencias adicionales incorporadas en 2012, como la promoción de la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Blindaje institucional del directorio: Remover al presidente y los directores del BCRA requerirá una mayoría calificada de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que busca proteger la independencia de la entidad frente a presiones políticas.

Prohibición de las Letras Intransferibles: El proyecto elimina la posibilidad de que el Tesoro entregue estos títulos al BCRA a cambio de reservas internacionales. Estos instrumentos, que no pueden comercializarse en el mercado, permitieron desde 2006 que el Gobierno utilizara reservas del Banco Central para el pago de deuda en moneda extranjera.

El Gobierno busca dotar de mayor institucionalidad al directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La Carta Orgánica del Banco Central establece el marco legal para la organización, funciones y atribuciones de la entidad. Su importancia radica en que al definir el funcionamiento del BCRA, también determina los lineamientos para la política monetaria, especialmente en tres aspectos: la facultad del organismo para emitir dinero destinado a financiar el gasto estatal, el orden de prioridad de sus objetivos y el nivel de autonomía institucional.

A lo largo del tiempo, el estatuto central de la autoridad monetaria fue objeto de diversas modificaciones en respuesta a la compleja trayectoria financiera del país. La reforma más reciente, realizada en 2012, es la que Milei busca transformar. En ese año, el kirchnerismo amplió los propósitos del Banco Central, que dejaron de limitarse a preservar el valor de la moneda e incluyeron nuevas funciones relacionadas con la política económica.

La principal modificación de aquel ajuste, promovida por la entonces presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, consistió en flexibilizar los límites para que el organismo pudiera emitir fondos destinados al Tesoro. Según el actual Gobierno, a partir de ese momento se aceleró el proceso inflacionario en la Argentina, un problema que aún persiste catorce años después.

Mercedes Marcó del Pont encabezó el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en 2012.
El plan oficial apunta a eliminar por completo el financiamiento monetario al Tesoro. En ese sentido, el Ejecutivo busca suprimir el artículo 21, que regula los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro, un mecanismo usado de manera recurrente para cubrir el déficit fiscal mediante emisión de dinero.

Antes de 2012, los adelantos se concedían por un máximo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, con la posibilidad de sumar un 10% de la recaudación de impuestos del año anterior, de acuerdo al artículo 21 vigente en ese momento. Tras la reforma impulsada por el kirchnerismo, los límites para la emisión aumentaron: a lo ya establecido, se añadió otro 10% de la recaudación anual “con carácter excepcional” y la devolución se extendió a más de 18 meses.

Además, en ese entonces se eliminó la asignación específica destinada al pago de organismos multilaterales, lo que permitió al Poder Ejecutivo disponer libremente de esos recursos. Milei también plantea derogar completamente este mecanismo.

Fuente: Infobae