El proyecto del Gobierno, impulsado principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. No se limita a la actividad hidrocarburífera sino que incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores: prevé multas y suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina.
Justamente este fue uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos. Por ejemplo, subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le transmitió en persona al presidente Milei la preocupación de la Administración Trump sobre las posibles consecuencias que las sanciones del primer capítulo podrían generar para las empresas estadounidenses.
En ese sentido, los libertarios aceptaron limitar las sanciones a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en carácter de operadoras directas, licenciatarias, proveedores de estas y accionistas directos de los proyectos. De esta forma, quedan eximidos de responsabilidad los accionistas minoritarios, con participaciones de hasta el 2%, y los fondos de inversión indirectos que tengan algún tipo de participación en las empresas explotadoras.
Por otro lado, la iniciativa crea el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
Este órgano será el encargado de coordinar de manera unificada la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior. Estará presidido por el Presidente y tendrá la facultad de controlar, aceptar o rechazar las inversiones impulsadas por Estados extranjeros y empresas con capitales del mismo origen en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
Ante los pedidos de varios aliados, el oficialismo habilitó la participación del Presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, gobernadores y el Ministerio de Seguridad Interior como miembros no permanentes cuando el asunto en cuestión lo amerite.
La Libertad Avanza tamién aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso, facultada para auditar las decisiones y procesos del Consejo, de manera similar a la bicameral que controla a la Secretaría de Inteligencia del Estado. La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para garantizar la participación del Parlamento en el control del nuevo organismo, que estará integrado únicamente por miembros del Poder Ejecutivo. Según el cambio anunciado, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
Otro de los puntos modificados es el artículo que sanciona con penas de cinco a doce años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. El dictamen define qué se entiende por “campaña de injerencia extranjera”: acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, destinadas a alterar elecciones, afectar la formación de la voluntad política o condicionar decisiones de autoridades. A la vez, introduce exclusiones expresas: no considera campaña de injerencia a la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones de un Estado extranjero, la actividad periodística, la investigación académica ni la representación abierta y regulada de intereses.
Sin embargo, bloques aliados que firmaron con disidencias exigen más cambios en la redacción, fundamentalmente de los artículos 127, 128 y 129. “Si no hacen más cambios, yo voto en contra y se va a terminar cayendo en el recinto”, aseguró una diputada aliada. “Va a haber más cambios, no queda claro dónde quedan paradas las ONG que busca influir sobre las políticas del gobierno”, reconoció un alfil libertario.
Además, se incorporó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional, y se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, aunque sin establecer una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas fuerzas.
Fuente: Infobae
