En el marco de su programa de reformas estructurales y ordenamiento fiscal, el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 1349/2026 una prórroga estratégica en la operación de cinco complejos hidroeléctricos del país hasta el 30 de abril de 2027. La normativa, rubricada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que las actuales firmas concesionarias mantendrán la gestión de las represas hasta dicha fecha límite o hasta que los nuevos adjudicatarios asuman el control efectivo, lo que suceda primero. Con esta decisión administrativa, el Poder Ejecutivo busca blindar la estabilidad del suministro eléctrico nacional y evitar cualquier interrupción operativa durante el período de transición, mientras la Secretaría de Energía avanza en la redacción de los pliegos para concretar las licitaciones públicas nacionales e internacionales que transferirán estos activos clave al sector privado.
El esquema de continuidad abarca instalaciones estratégicas que reúnen en conjunto una potencia instalada cercana a los 1.127,7 megavatios, distribuidas en distintas regiones productivas de la Argentina. Entre las empresas comprendidas se encuentran Hidroeléctrica Futaleufú S.A. en Chubut (560 megavatios), Hidroeléctrica Diamante S.A. en Mendoza con las centrales Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre (388 megavatios), y AES Argentina Generación S.A. en Salta a cargo de Cabra Corral y El Tunal (111,1 megavatios). La nómina se completa con Hidroeléctrica Tucumán S.A., operadora de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (51,6 megavatios), e Hidroeléctrica Río Hondo S.A., responsable de las plantas Río Hondo y Los Quiroga en Santiago del Estero (17 megavatios). Para el equipo económico, el traspaso definitivo de estas unidades resulta fundamental para captar divisas frescas que permitan afrontar los exigentes vencimientos de deuda previstos para el calendario de 2027.
Para garantizar una transición ordenada sin sobresaltos en la red, el decreto estipula mecanismos estrictos de cumplimiento para las compañías involucradas, cuyos contratos originales datan de las reformas estatales de la década de 1990. Las concesionarias cuentan con un plazo improrrogable de siete días corridos desde la entrada en vigencia de la medida para presentar una carta de adhesión formal ante la Secretaría de Energía. En caso de que alguna operadora decida no suscribir esta extensión, quedará legalmente obligada a sostener la generación eléctrica por un mínimo de 45 días hábiles, otorgando al Estado nacional el margen necesario para articular alternativas de emergencia. Paralelamente, esta cartera ministerial concentrará la responsabilidad de diseñar las bases licitatorias y suscribir los futuros contratos, sumándose a los procesos ya encarrilados en otros complejos de envergadura como El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Los Nihuiles.
Otras privatizaciones: el futuro del Belgrano Cargas
Más allá del tablero energético, la hoja de ruta oficial acelera otras iniciativas de desinversión estatal que marcarán la agenda económica de los próximos meses, destacando especialmente la concesión del Belgrano Cargas. El Ministerio de Economía ya publicó los pliegos para otorgar por 50 años la explotación de 7.594 kilómetros de vías e inmuebles correspondientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, atravesando 16 provincias y cinco pasos fronterizos. Este modelo de negocios prescinde del pago de canon y de subsidios estatales, sustentándose en el cobro de peajes ferroviarios y en el aprovechamiento comercial de terrenos aledaños a las trazas, con un cronograma que prevé adjudicar la operación durante los primeros meses de 2027 tras recibir ofertas hasta noviembre de 2026.
Finalmente, el horizonte de privatizaciones del Gobierno nacional mantiene en carpeta otros activos estratégicos del sector energético y del transporte que aún aguardan definiciones temporales precisas. Entre ellos figuran Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), firmas en las cuales la Ley Bases habilitó el ingreso de capitales privados bajo la condición de que el Estado conserve al menos el 51 por ciento del paquete accionario y el control societario; en el caso de la carbonífera patagónica, ya se han evaluado propuestas de inversión cercanas a los 120 millones de dólares. Asimismo, restan establecer los plazos para el traspaso de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y de los activos remanentes bajo la órbita de Energía Argentina (Enarsa), incluyendo centrales térmicas y un gasoducto, consolidando así una agenda de reconfiguración estatal que definirá el rumbo económico del próximo año.
Fuente: con información de Infobae
