El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, respaldó de manera explícita la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano para extraer y poner a disposición de la Justicia al ex dictador Nicolás Maduro, detenido por cargos vinculados al tráfico de drogas y al terrorismo transnacional. En la misma intervención, el diplomático argentino exigió la inmediata liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado desde el ocho de diciembre de 2024 en un centro clandestino de detención controlado por la narcodictadura venezolana.

La definición fue formulada durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocada para analizar la situación en Venezuela tras la detención de Maduro. El Consejo, órgano central del sistema de Naciones Unidas junto con la Asamblea General, dedicó la sesión a evaluar el nuevo escenario político, institucional y de seguridad regional posterior a la captura del ex dictador, quien ya fue trasladado a Estados Unidos y compareció ante la Justicia federal de ese país.

Desde el inicio de su exposición, Tropepi estableció el posicionamiento del Gobierno argentino. En un pasaje central de su discurso, afirmó: “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”. Esta cita condensó la postura argentina: respaldo político a la operación militar, definición de Maduro como dictador y encuadre del régimen dentro de la lógica del narcoterrorismo.

El embajador no presentó la detención de Maduro como un hecho aislado ni como un episodio exclusivamente venezolano. La inscribió en una caracterización histórica del poder en Venezuela, recordando que la narcodictadura se encuentra en el poder desde 1999, instaurada por Hugo Chávez y continuada por Maduro tras la muerte de Chávez. Según la posición argentina, se trata de un régimen que, durante más de veinticinco años, combinó el control autoritario del Estado con la consolidación de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al financiamiento ilícito, utilizando recursos públicos y las instituciones estatales para garantizar impunidad y expansión.

En ese marco, Tropepi definió a Maduro como el líder operativo de una estructura criminal. Al referirse al Cartel de los Soles, remarcó que la decisión argentina de declararlo organización terrorista en 2025 formó parte de una estrategia jurídica y política orientada a reconocer la naturaleza del régimen venezolano como narcodictadura. La mención al Tren de Aragua subrayó la articulación entre el poder político venezolano y organizaciones criminales con proyección transnacional.

El embajador sostuvo que la narcodictadura venezolana no representó únicamente una amenaza para su propia población. Enumeró como rasgos centrales del régimen la violación sistemática de los derechos humanos, la destrucción de las instituciones democráticas y la apropiación de los recursos nacionales, poniendo especial énfasis en la dimensión regional del problema. Según explicó, desde Caracas se impulsaron y protegieron redes de narcotráfico y crimen organizado que afectaron directamente la seguridad de otros Estados y contribuyeron a la inestabilidad regional.

Tropepi vinculó ese diagnóstico con las consecuencias sociales y humanitarias acumuladas durante más de dos décadas de chavismo. Señaló que la narcodictadura iniciada en 1999 hundió al pueblo venezolano en la pobreza y provocó un éxodo masivo de millones de personas obligadas a abandonar su país. Ese desplazamiento fue presentado como consecuencia directa del colapso institucional generado por el régimen y como un indicador objetivo de su fracaso estructural.

Un eje central de la exposición estuvo dedicado a explicar la posición argentina desde la asunción del presidente Javier Milei. En ese punto, Tropepi incorporó una segunda cita textual para dejar constancia de la continuidad y coherencia de la política exterior argentina: “Desde la asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”.

El embajador detalló decisiones concretas adoptadas por el Estado argentino. Recordó que, en marzo de 2024, la Argentina otorgó asilo diplomático a seis dirigentes opositores venezolanos, en un contexto internacional marcado por la prudencia y, en varios casos, por la ambigüedad de otros gobiernos. Esa decisión implicó asumir riesgos políticos y operativos significativos para la representación diplomática argentina en Caracas.

Tropepi señaló que, tras el desconocimiento argentino de los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 —calificadas como fraudulentas— y el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo, la Argentina fue expulsada de Venezuela. Añadió que la embajada argentina, donde permanecían los asilados, fue sometida a un asedio permanente por parte del régimen. Pese a ese escenario, Buenos Aires mantuvo su decisión de continuar denunciando la situación venezolana y de actuar en todos los foros internacionales disponibles.

El embajador recordó también que la Argentina ya había llevado la cuestión venezolana al Consejo de Seguridad anteriormente. El 23 de diciembre pasado, el país expresó su profunda preocupación por el deterioro institucional y humanitario y advirtió que los efectos de la crisis venezolana trascendían el ámbito interno, repercutiendo negativamente en la estabilidad regional y constituyendo una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio.

Con la detención de Maduro consumada, Tropepi se refirió al nuevo escenario judicial abierto en Estados Unidos. Señaló que el ex dictador venezolano ya compareció ante un tribunal federal de Nueva York, designó abogado defensor y se declaró inocente de los cargos vinculados al tráfico de drogas y al terrorismo transnacional. Esta referencia buscó contrastar el funcionamiento de un sistema judicial con garantías procesales con las prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos que caracterizaron a la narcodictadura venezolana durante más de veinticinco años.

El diplomático argentino sostuvo que el nuevo escenario plantea dos desafíos centrales para la comunidad internacional: acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en la región. Frente a ese proceso, aseguró que la Argentina está lista para colaborar, reafirmando su compromiso con el retorno pleno de la institucionalidad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos del pueblo venezolano.

El tercer eje de la intervención estuvo dedicado de manera exclusiva al reclamo argentino por la situación de Nahuel Gallo. En ese tramo final, Tropepi incorporó la tercera cita textual que la delegación argentina dejó asentada en actas del Consejo de Seguridad: “La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”.

El embajador recordó que Gallo se encuentra en situación de desaparición forzada desde el ocho de diciembre de 2024, tras haber sido secuestrado por el régimen narcoterrorista y trasladado a un centro clandestino de detención. El pedido fue formulado en términos precisos y apoyado en el derecho internacional de los derechos humanos, sin apelaciones genéricas ni formulaciones ambiguas.

Al plantear el caso ante el Consejo de Seguridad, la Argentina inscribió la situación del gendarme en el nuevo contexto político abierto tras la caída del ex dictador y la estableció como una obligación inmediata para cualquier autoridad que administre la transición. La liberación de Gallo fue presentada como una señal concreta de ruptura con las prácticas de la narcodictadura instaurada en 1999 y sostenida durante más de dos décadas.

La intervención de Tropepi avanzó de manera lineal, con un hilo argumental continuo. El embajador argentino respaldó la operación militar que permitió detener al ex dictador venezolano, reafirmó la caracterización del régimen como una narcodictadura asociada al narcotráfico y al terrorismo transnacional, destacó la coherencia de la política exterior argentina desde la asunción de Milei y trasladó al centro del debate internacional un reclamo concreto vinculado a un ciudadano argentino.

En una sesión del Consejo de Seguridad convocada para analizar la situación de Venezuela, la Argentina dejó asentada una posición clara: el nuevo escenario abierto tras la detención de Nicolás Maduro exige responsabilidades judiciales, definiciones políticas precisas y decisiones inmediatas. Entre ellas, la exigencia de que la transición venezolana comience con un gesto concreto y verificable: la liberación inmediata de Nahuel Gallo y su retorno seguro a la Argentina.

Fuente: Infobae

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