En ese sentido, el Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, repudió enérgicamente los hechos de violencia “orquestados, planificados y ejecutados por personas y organizaciones sociales y políticas que solo buscaban perjudicar el orden social”, las cuales “fueron rechazadas por toda la ciudadanía durante los últimos procesos eleccionarios democráticos”.

“Con métodos extorsivos y sediciosos atropellaron instituciones y autoridades públicas”, explicó, sosteniendo que “estamos solicitando la detención inmediata de los violentos, extorsionadores y delincuentes”, sobre los cuales “caerá todo el peso de la Ley”.

“Instamos a los agentes fiscales de turno, tanto de la justicia provincial como nacional, a que actúen de manera inmediata sobre todos los involucrados” indicando que, respecto a los funcionarios públicos que hayan intervenido, “recibirán el doble de la pena estipulada por el código penal, y la inhabilitación de su cargo público”.

Agregó que también se recibieron innumerables denuncias de particulares damnificados, a quienes “acompañaremos durante el proceso legal”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, expresó que, desde su cartera, junto a la Policía de la Provincia, “se están aportando todas las pruebas necesarias para la investigación de las causas que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación”.

Destacó que, desde el inicio de los cortes de ruta, se está trabajando en todas las actas contravencionales correspondientes, detallando que las mismas se llevan adelante contra personas físicas y jurídicas, identificadas a través de los elementos de prueba, como filmaciones, declaraciones testimoniales, entre otras.

Finalmente, el procurador de la Provincia, Sebastián Albesa, subrayó que “es nuestro deber constitucional requerir la protección de los intereses de la provincia, y sobre todo el orden constitucional y democrático”, sosteniendo que “todos estos hechos que pasaron no se corresponden con una protesta pacífica, la cual el Estado garantiza”.

“Cortar rutas no es una modalidad de protesta, es un delito que se encuentra penado por el Código Penal, y pone en riesgo, no solo la salud de las personas, sino sobre todo perjudica el trabajo de la gente, sobre todo en Quebrada y Puna, donde el turismo, y el alto ingreso que este genera, que se ve altamente afectado”, acotó, afirmando que “el Estado no va a tolerar la comisión de delitos contra el orden constitucional y sistema democrático”.