El convenio, firmado entre Ponce y el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, estipula una división clara de responsabilidades: la provincia proveerá los materiales necesarios —tales como hormigón, premezclado en frío y combustible—, mientras que el organismo nacional se encargará de aportar la maquinaria pesada y la mano de obra especializada.
Con el objetivo de mejorar la transitabilidad y seguridad vial en tramos críticos de la red nacional, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Jujuy y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) formalizaron un convenio de colaboración estratégica. El acuerdo, anunciado por el director provincial del organismo, Hugo Ponce, establece un esquema de trabajo conjunto donde ambas jurisdicciones aportan recursos específicos para tareas de mantenimiento y reparación.
Puntos estratégicos y alcance de las obras
El funcionario aclaró que el acuerdo no contempla el mantenimiento integral de las rutas, sino que se focaliza en "puntos estratégicos" previamente evaluados por los equipos técnicos.
Entre las intervenciones programadas se destacan:
- Ruta Nacional 66: Bacheo integral de colectoras en ambas márgenes.
- Ruta Nacional 9: Reparación de colectoras en el tramo comprendido entre el barrio Sargento Cabral y el puente Paraguay, en la capital jujeña.
- Infraestructura de transporte: Construcción de 13 dársenas de hormigón armado sobre las colectoras. Según explicó Ponce, estas estructuras son "imprescindibles" para evitar el rápido deterioro de las banquinas ocasionado por el ascenso y descenso de pasajeros del transporte público.
- Obras de hormigón: Trabajos específicos en el acceso al puente San Lorenzo y en el sector de semáforos de la localidad de Fraile Pintado.
- Ruta Nacional 34: Repavimentación en frío de un tramo de 170 metros en el acceso sur al puente Sora, actualmente conformado por ripio.
Adicionalmente, el convenio prevé el suministro de combustible por parte de la provincia para que Vialidad Nacional ejecute tareas de desmalezado en las rutas nacionales 66 y 9.
"Debemos ser claros en que este nuevo convenio se limita estrictamente a las tareas detalladas para las colectoras y puntos críticos definidos", subrayó Ponce.
Plazos y continuidad operativa
El acuerdo tendrá una vigencia de un año, aunque Ponce estimó que, debido a la naturaleza de las tareas, los trabajos podrían completarse antes de dicho plazo.
Finalmente, el titular de la DPV hizo referencia a la continuidad de las Transferencias de Funciones Operativas (TFO). Este esquema vigente permite que la provincia realice el mantenimiento de tramos específicos de las rutas 52 y 40 —incluyendo sectores como la Quebrada del Mal Paso hasta el límite con Chile—, cuyos costos operativos son posteriormente certificados y reembolsados por el Estado nacional.
