El conflicto se encuentra vinculado a actuaciones judiciales que cuentan con sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia desde el año 2019, en el Expediente Nº CF-16142/19. La concreción de la medida demandó múltiples intentos de notificación e intervenciones previas, y su ejecución fue suspendida en dos oportunidades en los meses de abril y mayo del corriente año.

Ante los antecedentes del expediente y el nivel de conflictividad existente entre las partes, el Ministerio de Seguridad adoptó medidas preventivas para el desarrollo del operativo. Con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad y el respeto de los derechos de las personas involucradas, la medida contó con la presencia de funcionarios del Departamento de Mediación, Defensoría de Menores, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Asesoría Legal y del área de Acción Social.

El informe elaborado por la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Humano, da cuenta de la intervención realizada con el objetivo de resguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes involucrados.

En ese marco, se solicitó poder constatar personalmente la situación de los menores, aunque no se obtuvo una respuesta favorable por parte de la familia. No obstante, durante la ejecución de la medida judicial se constató que no había niñas, niños ni adolescentes presentes en el lugar, por lo que la diligencia se desarrolló su presencia dentro del inmueble.

A pesar del dispositivo preventivo desplegado en el lugar, durante el procedimiento se registraron incidentes violentos. Como consecuencia de los enfrentamientos, cuatro efectivos policiales sufrieron lesiones de diversa consideración, por lo que se radicaron las correspondientes denuncias en el fuero Penal por las agresiones sufridas.

En paralelo, las fuerzas de seguridad demoraron a siete personas vinculadas a los disturbios. Los involucrados fueron notificados de las contravenciones y delitos que se les atribuyen, en el marco de la Ley Provincial N.º 5860/2014, y, una vez cumplidas las diligencias procesales correspondientes, fueron puestos en libertad.

“Las fuerzas de seguridad actuaron en todo momento en el marco de las tareas que les corresponden como auxiliares de la Justicia, dando estricto cumplimiento a las disposiciones del Poder Judicial y adoptando todas las medidas preventivas necesarias para garantizar el desarrollo del procedimiento”, señaló Gil Urquiola.