Recordemos el pasado 27 de Julio el jdirigente radicó en Fiscalía Federal N° 2, una denuncia penal por la presunta comisión del delito tipificado como de fraude a la administración pública, contra todos aquellos funcionarios que habrían gestionado y/o percibido, sin corresponderles, el IFE en la Provincia de Jujuy. Sobre los ya conocidos Albizo Cazón pretende se investigue a la totalidad de funcionarios de orden municipal, provincial y/o nacional, con objeto de dilucidar si se hallarían más autoridades implicadas.

El exponente de la CC-ARI requirió administrativamente a la Oficina Anticorrupción que envíe al orden penal federal su “nutrida base de datos digitalizada, que contiene los principales datos de distintos funcionarios (ejecutivos y legislativos) de orden municipal y/o provincial que ejercen su actividad en la Provincia de Jujuy”.

El objetivo de Albizo Cazón es agilizar el avance de la causa, y facilitar el entrecruzamiento de datos que permitirá detectar si han existido más gestiones y/o percepciones indebidas del beneficio social que buscaba asistir a trabajadores gravemente afectados consecuencia del COVID-19.

Por último, apuntando a la responsabilidad de la O.A. en torno al desarrollo de la causa, el joven político disparó que "toda dilación puede llegar a entorpecer el avance expedito que se precisa".