El test, que será anual y en determinados casos aleatorio, alcanzará al gobernador y vicegobernador; ministros, secretarios, subsecretarios y directores. También a legisladores provinciales y autoridades de la cámara de diputados; funcionarios del poder judicial, defensores y autoridades jerárquicas de entes y empresas con participación estatal mayoritaria, entre otros.  

Será remitida en los próximos días a la Comisión de Salud de la Legislatura jujeña en donde se espera un arduo debate por delante.  

Al respecto, Fellner sostuvo que “resulta imprescindible garantizar la buena gestión en la prestación del servicio público, prevenir riesgos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones”. Seguidamente agregó que “esto no es punitivo ni mediático; no busca perseguir a nadie. Es una política sanitaria y preventiva que cuida a la ciudadanía y a los equipos del Estado”.

Recordó que provincias como San Luis y Neuquén ya avanzaron en leyes de este estilo en los años 2024 y 2025 respectivamente contando con amplio respaldo legislativo y social. “Jujuy no puede ser la excepción” remarcó con contundencia.

La iniciativa prevé la obligatoriedad de los exámenes en los poderes del Estado asegurando estándares técnicos, cadena de custodia, confidencialidad de los datos personales y un enfoque sanitario que prioriza la evaluación y el tratamiento por sobre la sanción en sí misma.