Como explicó LPO, la única esperanza eran los cuatro votos del Frente de Córdoba, cercanos al gobernador Juan Schiaretti, pero hasta esta mañana no dieron garantías suficientes y Sergio Massa y Máximo Kirchner prefirieron no tomar riesgos.
"Estamos trabajando como siempre en buscar soluciones y llegar a los consensos necesarios. Creemos que la voluntad de diálogo del bloque quedó demostrada una vez más por ejemplo con la convocatoria a los laboratorios", explicaron desde el oficialismo.
De haber una mayoría garantizada el reglamento aporta herramientas como solicitar una ampliación o convocar a una nueva sesión en continuado. Pero sin los números asegurados, prefirieron esperar.
La expectativa era y sigue siendo que los cuatro cordobeses y algún otro opositor ayuden con el quórum al momento de votar, suficiente para imponerse en el recinto. Volverán a intentarlo para dentro de 15 días, cuando Massa retorne de Estados Unidos.
Alberto presionó desde el lunes para tener sancionada la ley este jueves, con llamados insistentes a los gobernadores opositores y a los jefes legislativos. Este miércoles, la ministra de Salud Carla Vizzotti cenó con Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, para pedirle un último intento por evitar firmar un decreto que será inevitable.
Vizzotti asistirá la semana próxima a una reunión informativa de la comisión para responder consultas de la oposición y de paso pedirles la ley.
Yedlin fue el primer orador en el plenario de comisiones que se reunió a las 10 de la mañana en el edificio anexo para dictaminar la ley y se extendió por 5 horas con un dictamen favorable que por ahora seguirá cajoneado.
"El proyecto define un semáforo epidemiológico de gravedad creciente para que las restricciones a la circulación de la población tengan una lógica sanitaria. Los indicadores que se usan son tasas de incidencia acumulada, los casos de los últimos 14 días. Y la razón, que es la evolución de los contagios", explicó.
"Es una ley muy respetuosa de los gobiernos locales, porque todas las medidas las van a tomar los gobernadores e intendentes. No se saltea la autoridad real", garantizó.
Hernán Pérez Araujo.
La oposición centró su rechazo y la supuesta alternación de las autonomías provinciales y en la posibilidad que aporta la ley de cerrar las escuelas, cuando una ciudad o aglomerado de 300 mil habitantes tenga una tasa de incidencia de 500 casos, considerada en el proyecto como estado de "alarma epidemiológica".
Con los datos de este jueves, Córdoba está en 1800, Capital en 1300 pero en descenso, 1200 Santa Fe, 1150 en Entre Ríos, 1117 Tucumán, 963 Buenos Aires y 660 Mendoza. Con esta ley, deberían cerrar comercios de 19 a 6 y dictar clases por zoom.
El semáforo establece otros indicadores con restricciones menores, como "baja", "media" y "alta" alarma epidemiológica, y por presión de los gobernadores, en el Senado se agregó un párrafo para que estos parámetros puedan ser modificados por el Consejo Federal de Salud (Cofesa), integrado por los ministros de salud de las provincias.
"Estamos concentrando el poder en el presidente y generando un 'cesarismo', que es lo que la Constitución de 1994 quería prevenir. La materia educativa está reservada a las provincias y así lo señala el fallo reciente que permitió a la Ciudad abrir las escuelas", se quejó el radical Gustavo Menna.
Al igual que Pablo Tonelli un rato después, recordó que ese fallo no hace diferencias entre decreto y ley en cuanto a la imposibilidad de que un gobierno legisle sobre la educación.
Respondió por el Frente de Todos la entrerriana Carolina Gaillard. "La mejor manera de apoyar el federalismo es darle facultades a los gobernadores para defender la vida. Esta delegación tiene los dos elementos que pide la constitución: base y plazo. ¿Qué superpoderes hablan si la gente se está muriendo en las terapias intensivas?".
Le respondió en duros términos la macrista Carmen Polledo. "No es un tema de salud: es un tema de poder, es una nueva escalada del gobierno nacional en su puja de poder contra el gobierno de la Ciudad. El proyecto prevé que sea el propio congreso el que viole las autonomías", leyó.
Graciela Camaño presentó un dictamen propio en el que mantiene los parámetros pero delega la mayoría de las facultades en las provincias. Y Graciela Camaño, del PRO, criticó a la defensora de los niños Marisa Graham por no haber defendido a Larreta en su planteo para garantizar las clases presenciales. El 22 de junio expondrá ante la bicameral que la designó.
Fuente: LPO
