Aunque quisiera, Alberto Fernández no podrá pedirle al Congreso que debata otro presupuesto hasta marzo, porque la Constitución impide tratar un mismo proyecto dos veces en un año.
No tendrá otra opción que gastar por decreto pero sin retocar impuestos, porque es uno de los temas que sólo pueden definirse por ley, junto a los penales y electorales. Se los llama "materias vedadas".
Por estas horas los asesores jurídicos de la oposición rastrean antecedentes para definir en qué casos el presidente puede firmar decretos simples y en cuales decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU, que deben ser refrendados por el Congreso.
Hay certeza que para prorrogar el presupuesto del año anterior alcanza con un decreto simple, porque así lo habilita la ley de administración financiera y fue el recurso que se usó en 2011 y 2020, los dos años que el país se quedó sin esa ley.
Pero para ampliar gastos son habituales los DNU, aunque hay antecedentes de decretos simples para gastar a gusto. En 2020, por caso, Alberto abusó de ese recurso pero la pandemia explicaba el carácter de "necesidad y urgencia" que se requiere para justificar no haber pasado por el Congreso.
En 2021 no sería el caso y la oposición bien puede reclamar que envíe proyecto de ley por cada ampliación presupuestaria.
Pero los DNU sólo pueden anularse si las dos Cámaras lo deciden, una vez más el Senado es el talismán de Alberto: si bien el Frente de Todos perdió la mayoría propia, puede conseguirla con los aliados de Misiones y Río Negro, que este jueves en Diputados demostraron estar alineados a la Rosada.
Esa supremacía podría darle al Frente de Todos otra vez el control de la bicameral de trámite legislativo, que trata los decretos en primera. Y, lo más importante, impedir que le volteen alguno en el recinto. Esa comisión, como la mayoría, aún no se constituyó y nadie tiene apuro.
Algunos juristas del Congreso con lectura frecuente de los fallos de la Corte aseguran que ya hubo posiciones de algunos de sus miembros sobre la inconsistencia de sostener decretos con respaldo de una sola Cámara. Por ahora, no hay un fallo que lo impida.
José Mayans, jefe de los senadores oficialistas.
Lo que sí no tiene margen de dudas es el artículo 81 de la Constitución: "Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año", señala.
De esta manera, como el año legislativo empieza el 1 de marzo, antes de esa fecha el Congreso no podrá debatir cuestiones relativas a ingresos y gastos.
El plan plurianual, prometido por el presidente para diciembre, debería enmarcarse en otro rubro para ser debatido en enero y febrero, consideradas una extensión del período legislativo de 2020.
Los recintos sólo pueden abrir por decisión del presidente y con temario definido por la Rosada, en lo que se conoce como sesiones extraordinarias.
En el Congreso no se registran rechazos del presupuesto, pero si años en los que no se aprobó como 2010, cuando la oposición unida no acompañó el presentado por el Gobierno y presentó el suyo.
Pero aquella sesión terminó con el pase del proyecto a comisión y no hubo votación. Este viernes sí la hubo y dio negativo.
El otro antecedente cercano es 2020, cuando, recién asumido, Alberto decidió no tratar la ley de presupuesto enviada por Mauricio Macri, prorrogó el de 2019 y engrosó las partidas durante el año.
Y usó varios DNUs como el 457, que además de remover partidas habilitó al jefe de Gabinete la posibilidad de reestructurar partidas a gusto y no con el tope del 5% del presupuesto que rige desde 2017 y resulta por demás escasa si se trata de un presupuesto desactualizado.
La medida fue rechazada por la oposición que hasta hizo un intento de por juntar una mayoría en Diputados para derogarla, pero Juntos no consiguió una mayoría. En la última sesión si la alcanzó cuando quiso ponerle fecha a la ley de bienes personales, con la ayuda del interbloque federal y los liberales. Y mostró un arma que hasta ahora no tenía.
Pero además, Alberto envió una ampliación del presupuesto a mediados de 2020 donde además de ordenar las partidas reacomodó cuestiones tributarias, que requieren de la mayoría de ambas cámaras del congreso, sin importar cuantos legisladores haya sentados. Es el número que no consiguió este viernes el Frente de Todos. Y no le será fácil tenerlo alguna vez.
Fuente: LPO
