El dictamen del legislador por la UCR de Jujuy y de Ferraro aconseja la sanción de una ley que cree un fondo de asistencia al servicio mencionado, de jurisdicción nacional, provincial, de CABA y municipal para una asistencia primaria a la demanda del servicio mediante compensar la tarifa. Es decir: dicho fondo será distribuido directamente a los usuarios como beneficio de descuento en las tarifas.
“Hoy nos encontramos en una situación muy difícil, que es la problemática capacidad de pago por parte de los usuarios del servicio”; “ahora es evidente para todos, aunque es una realidad de mucho tiempo, de años, en muchos lugares del interior del país, y por eso desde años anteriores presentamos proyectos para terminar con la discrecionalidad pero fundamentalmente con la desigualdad entre quienes residen en el AMBA y entre quienes residimos en el interior del país, desigualdad sostenida y acrecentada ahora por cómo distribuye el gobierno nacional el dinero de todos los argentinos”, argumentó Rizzotti en la Comisión de Transportes.
El diputado jujeño continuó que “debemos pagar una tarifa que permita la sostenibilidad del sistema, con un servicio eficiente; pero nos damos con que el acceso no está asegurado”; “quizás se pueda dar en el futuro de que los ingresos para las familias, el empleo, permitan el pago de una tarifa donde no sea necesario el acompañamiento del Estado, es una situación deseable, aunque imposible que se dé en la realidad del país de hoy”, y agregó que el dictamen presentado por Ferraro y por él fue hecho “con total responsabilidad, especialmente para con los usuarios y el servicio”.
El dictamen, tras disponer cómo se conformará el Fondo, plantea que el acceso al sistema de asistencia primaria de las tarifas será para: usuarios de 60 años o más; personal de casas particulares (Ley 26.844); Veteranos de la Guerra de Malvinas; monotributistas sociales; beneficiarios de pensiones no contributivas, AUH, asignación por embarazo, asignación por hijo con discapacidad, personas con seguro por desempleo, programas nacionales de inserción laboral y fomento al empleo, programas de acompañamiento social y asistencia familiar, programa PROGRESAR y programas nacionales de becas y acompañamiento económico a estudiantes; estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario; trabajadores que perciban remuneraciones inferiores a dos salarios mínimos vitales; y monotributistas de las categorías A y B registrados en el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes.
No al veto a la movilidad jubilatoria
Rizzotti anticipó que votará por la insistencia de la ley de movilidad jubilatoria: “no estoy de acuerdo con el veto presidencial ni con sus argumentos: este incremento para jubilados es una pequeña mejora que podemos asegurarles, y de eso no depende lo estructural de la economía del país; no son los jubilados implicados en la ley la casta, ni son quienes evaden, ni quienes no dejan su dinero en el país”.
