Los acusados reconocieron su culpabilidad y accedieron a un juicio abreviado, en el que se dictaron penas de tres años de prisión para cada uno, cuya ejecución quedó en suspenso y, por consiguiente, todos recuperaron su libertad.
Los ciudadanos brasileños condenados son Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira y Selma De Lima Muniz Barbosa. Sus cómplices Hai Ma -chino-, Katherine Yola Chasqui Inta -boliviana- y Juan David Babilonia Mora -colombiano- ya habían sido sentenciados bajo las mismas condiciones hace dos semanas.
Según se pudo determinar en la investigación, la banda delictiva estuvo liderada por Marcelo Clayton Alves De Sousa y Hang Wang, quienes se encuentran prófugos de la justicia argentina desde el 6 de septiembre de 2023. El primero de ellos vivía en una mansión del barrio La Isla, en Nordelta, donde hubo allanamientos de la Policía Federal Argentina.
Además de las penas, los criminales recibieron multas que, en conjunto, superaron los 2.000 millones de pesos, y se dispuso el decomiso de diversos bienes -valuados en varios millones- vinculados a la estructura delictiva.
La investigación preliminar, iniciada a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), reveló la existencia de una compleja red que operó al menos desde el 21 de octubre de 2015 hasta el 7 de septiembre de 2023.
El objetivo de este grupo fue otorgar una apariencia legal a activos que provenían de actividades ilícitas como el narcotráfico, estafas y la evasión de impuestos. En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Diego Velasco determinó que la organización gestionó una suma de al menos 520.531.997 dólares, que en su mayoría fueron convertidos en criptomonedas.
Según consta en la sentencia condenatoria, firmada por el juez Germán Castelli, el mecanismo de blanqueo se basó en una variedad de operaciones económicas y financieras.
Los involucrados recibían el dinero proveniente de las actividades del Comando Vermelho y luego los invertían en criptoactivos o los depositaban en cuentas financieras a nombre del líder, Marcelo Alves De Sousa.
También se detectó la movilización de grandes cantidades de efectivo, utilizando testaferros y fragmentando los depósitos, además de simular operaciones para la compra de bienes. La investigación de la PROCELAC señaló que el grupo drenó los fondos a través de canales informales, poco regulados, como los activos virtuales, y mediante el sistema financiero formal.
Alves de Sousa y su esposa, Naly Pires Diniz, quienes compartían residencia en Nordelta, también son buscados por la justicia de Brasil por realizar maniobras similares a las detectadas en la Argentina.
La dirección, planificación y control de las operaciones de blanqueo correspondieron a Marcelo Clayton Alves De Sousa y Hang Wang, quienes utilizaron empresas fachada, oficinas y cuevas financieras del centro porteño para llevar adelante el blanqueo.
En cuanto a los cinco condenados, si bien colaboraron de forma indispensable en distintos momentos de la cadena de operaciones, su participación se consideró de carácter “ejecutiva” y no “estratégica y definitoria” como la de los líderes. Por eso, el TOF N° 7 los condenó como partícipes necesarios del delito de lavado de activos.
De acuerdo a la información que se desprende del expediente, Felipe Gabriel Correia Goncalves actuó como persona de confianza de Alves De Sousa y gestionó activos a través de cuentas en diversos bancos y en la plataforma Mercado Libre.
Sus cuentas registraron importantes movimientos: por ejemplo, en Banco Santander manejó aproximadamente $61.249.396, mayormente a través de transferencias y depósitos. Además, se comprobó que Correia Goncalves continuó colaborando con la organización incluso después de los allanamientos de septiembre de 2023, fecha en la que se libraron las órdenes de captura.
Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, recibió el equivalente a 69.517 dólares en activos virtuales (USDT) provenientes de la billetera virtual que, se presume, operó Alves De Sousa. Luego convirtió esos valores a moneda local, que transfirió a sus cuentas bancarias.
Por su parte, Eliamar Das Dores De Melo fue empleada de Alves De Sousa y una persona muy allegada a él. Intervino en el manejo de fondos mediante productos financieros bajo su nombre. En una cuenta de Banco Santander, registró “acreditaciones inusuales” por un total de $271.000.000, con grandes sumas depositadas en efectivo desde distintas sucursales del país. Con estos activos de origen dudoso, la ciudadana del país vecino compró un vehículo Ford Focus.
Los hermanos Thiago Cardoso De Oliveira y Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira también fueron empleados de Alves De Sousa. Los dos cumplieron funciones en las oficinas donde se administraron los activos digitales ilícitos.
Thiago Cardoso De Oliveira manejó activos en el sistema financiero local, registró acreditaciones en la cuenta de Mercado Libre de Alves De Sousa y adquirió dos autos, un Renault Fluence y una Ford Ranger, sin poder justificar el origen de los recursos. Su hermano Wilson Alexandre también manejó fondos en el sistema financiero y se encargó de la compra de un Volkswagen Vento.
Finalmente, Selma De Lima Muniz Barbosa fue otra persona de confianza de Alves De Sousa que abrió productos bancarios en su nombre para operar activos y ejecutar importantes colocaciones de capitales ilícitos en el circuito financiero local.
Aunque no registró actividad económica en el país, transfirió una cantidad relevante de dólares al líder de la organización y recibió fondos de él. Sus movimientos bancarios registraron numerosos depósitos en efectivo, habitualmente fraccionados, realizados desde sucursales ubicadas en múltiples ciudades argentinas.
Este tipo de movimientos de poco dinero se detectó en sucursales que van desde la Patagonia hasta Tucumán, con operaciones en casi todas las provincias del país.
Al igual que en el primer juicio abreviado, el fiscal Diego Velasco pidió sancionar por debajo del mínimo a los condenados.
A los cinco les correspondía pagar al menos dos veces el valor de la operación total - un monto superior a los 700 mil millones de pesos-, lo que el titular de la PROCELAC consideró “de cumplimiento imposible y desproporcionado”.
Por esta razón, basándose en la situación económica de los acusados y en el principio de proporcionalidad, se impusieron multas pactadas: Felipe Gabriel Correia Goncalves deberá pagar $720.000.000; Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira y Thiago Cardoso De Oliveira pagarán $480.000.000 cada uno; y Selma De Lima Muniz Barbosa pagará $180.000.000. Un total de 2.340 millones de pesos entre todos.
Además de las multas y la pena de prisión en suspenso, el fallo dispuso el decomiso de los bienes vinculados a las conductas investigadas.
Se confiscó una suma de 16.107.080 pesos, 119.665 dólares y 8.086 reales, además de fondos congelados en billeteras virtuales y cuentas bancarias de Correia Goncalves. También se decomisaron los autos que se compraron con el dinero ilegal.
Fuente: Infobae
